El diputado Mario Ponce se levantó de su asiento, enojado, y abandonó el Salón Azul. La discusión sobre las reformas a tres artículos del código electoral llevaba 37 minutos. Ponce dejó a su suplente, María Julia Castillo, y enfiló hacia la quinta planta del edifico legislativo, donde tiene su oficina. Su acto fue una protesta porque se acababa de frustrar el resultado de una negociación que databa de enero de este año, y que pretende aliviar los señalamientos de una potencial puerta para fraude en las elecciones de 2009.

Ponce se retiró el miércoles 15 de octubre luego de que el subjefe de fracción de Arena, Mario Marroquín, le diera una palmada en la espalda al diputado arenero Alberto Romero, quie se sienta a unos 17 metros de Ponce. “Beto”, como le llaman sus colegas, es compañero de Ponce en la comisión de reformas electorales y recibía la felicitación porque acababa de desbaratar una negociación de meses entre el PCN, FMLN y PDC.

El viernes 18 de enero, los pecenistas Mario Ponce y Antonio Almendáriz presentaron a la comisión de reformas electorales un proyecto de decreto en cuyo contenido se entiende el objetivo de enmendar un error que el partido había cometido un mes atrás, cuando junto a Arena aprobó que todas aquellas papeletas de votación que no lleven ni firma ni sello de la junta receptora de votos (JRV) sean tomadas como válidas. Esa reforma hizo que algunos sectores argumentaran que así se podía abrir la puerta para un fraude electoral en 2009 porque los miembros de una JRV podrían ponerse de acuerdo para legitimar papeletas sin esos requisitos de seguridad.

“Pero no es por eso que se ha presentado esta reforma. No es porque nos estemos retractando. Nosotros creemos que se le elimina el derecho del ciudadano al voto sólo porque a un secretario de una JRV se le ocurrió, por error -o con dolo- no firmar ni sellar la papeleta”, dice Ponce.

“Y ahora, para que no sigan cantando que habrá fraude, promovimos que se mejoren los requisitos para que haya una certificación de que todas las papeletas llevarán firma y sello. Y si no lo llevan también proponemos mecanismo para verificar que esa papeleta no está trucada”, añade.

Cuatro meses después de la propuesta pecenista, en mayo, el PDC se sumó al esfuerzo y propuso que para garantizar que habrá firmas y sellos en las 450 papeletas de cada JRV, se imponga una multa de mil dólares por papeleta a los secretarios que no hicieran bien su trabajo. Y en agosto, el FMLN también aprovechó la coyuntura y metió su moción, en la cual se incluía que fueran declaradas impugnadas las papeletas sin firma ni sello.

Dos meses después de la última propuesta, todos los partidos, a excepción de Arena, lograron el consenso y el martes 14 de octubre quedó redactada la propuesta de reforma, que le concedía un punto a cada partido (mil dólares que propuso el PDC, que las papeletas sin sello y firma y con manchones fuera de los escudos fueran impugnados al FMLN; y, como pidió el PCN, que el voto siga siendo válido aún y cuando no lleve la firma y sello, pero que se verifique en la junta la autenticidad de la papeleta).

Romero, quien llegó a la reunión del 14, se retiró molesto, según sus colegas de comisión,  al conocer que la propuesta ya estaba consensuada. Él dice que no. “Me retiré porque no conocía la pieza, no tenía el documento y había que estudiarlo”. Y así lo hizo. La noticia, al mediodía del miércoles, apareció en los noticiarios, horas antes de la sesión plenaria.

Dos reuniones extrañas

Ese miércoles 15, por la tarde, el diputado Romero ya había estudiado la reforma planteada por sus colegas. Y para que Arena “no quedara fuera del consenso” se sugirió hacer una reunión de último momento para afinar el documento que se votaría ese día.

Lo que ni Romero ni el resto de diputados de la comisión sabían es que el PCN ya había dado un paso atrás con algunos puntos de la reforma. Por la mañana, en reunión de fracción, Ponce y Almendáriz escucharon las quejas de sus compañeros de fracción que no estaban de acuerdo ni con la multa ni con el espíritu del documento. Para algunos pecenistas traería una imagen negativa dejar planteado de forma tácita que estaban intentando “corregir un error”.

Para Ponce, principalmente, las críticas cayeron como una bofetada. Sobre todo porque junto al diputado Almendáriz conforman el dueto del partido para los temas electorales. Y también porque es sabido al interior del PCN que quien tiene la batuta y voz de propuesta en la fracción para estos temas, antes de Almendáriz, es Ponce. Entonces ellos iban a quedar mal.

“En la reunión de fracción, en la mañana de ese miércoles, algunos colegas no estaban de acuerdo que esta propuesta saliera abanderada por PCN y FMLN”, dice uno de los diputados de la fracción pecenista, quien pide el anonimato para evitarse problemas en la bancada.

Otro legislador, que también habló bajo la condición del anonimato porque no está autorizado para revelar lo ocurrido en esa reunión, dice que repararon en lo impopular que iba a resultar esa medida para sus seguidores. “Ahí también se les dijo que estaban locos si apoyaban que se pusiera una multa de mil dólares para los secretarios de la junta. ¡Así ni mierda van a llegar a apoyarnos en las juntas! Eso se les dijo. ¡Cómo va a creer que íbamos a apoyar semejante barbaridad”, enfatiza.

De esa reunión fue testigo el secretario general, Ciro Cruz Zepeda, quien tomó nota de todo. Después de esa discusión, vino la orden de juntar de nuevo a la comisión antes de que se aprobara el decreto, incluir a Arena en el consenso, y presentar una nueva pieza. Y así se hizo.

Consenso VIP

Mientras en el plenario la comisión de Hacienda discutía un paquete de reformas que solicitó el ejecutivo para el presupuesto general de la nación, en el salón VIP  de la Asamblea Legislativa comenzó la última reunión para finiquitar la propuesta de reformar los artículos 245, 249 y 253 del Código Electoral. Junto a Walter Durán, del FMLN, Ponce, Almendáriz y Romero, se sentaron los diputados Jorge Jiménez y Herbert Amaya (FMLN), Héctor Guzmán (PDC), los técnicos de la comisión y Romeo Auerbach, asesor electoral pecenista, quien se sentó a la derecha de Ponce.

Auerbach sugirió que se eliminaran algunos requisitos planteados por el PCN. “Y aceptamos porque eran congruentes. Uno de ellos era que guardar la esquina desprendible de la papeleta era inviable porque ese número no consta en la papeleta, por ejemplo”, dice Almendáriz. Así que ese número no habría servido de prueba de genuinidad de cualquier boleta que careciera de firma o sello.

Los pecenistas, acuerpados por Arena, promovieron también que la multa se redujera de los mil dólares al máximo que ya la ley electoral impone de sanción para aquellos que no cumplan con su función en las JRV: 114 dólares (1 mil colones).

Durán, del FMLN, intentó meter mano a último momento para que se permitiera impugnar las papeletas manchadas fuera de los bordes –o abarcando dos banderas- y a las sin sello ni firma, pero no logró apoyo. Aún así, todos acordaron votar que el decreto fuera con la multa de 114 dólares y los requisitos de vigilancia y verificación para que se firmen y sellen las papeletas. Hubo consenso.

Pero a las 4:33, 33 minutos después de que iniciara la discusión, Romero rompió el acuerdo y pidió que la pieza regresara  a la comisión. Cuatro minutos más tarde,  Ponce, vencido,  se fue del salón, enojado. Romero acababa de alegar que ya no había consenso para aprobar la pieza, aún y cuando Walter Durán y Héctor Guzmán del PDC acababan de anunciar lo contrario, que sus partidos estaban listos para dar sus votos. Arena y el PCN intentaron hacer creer, aparentemente molestos, que las quejas de Walter Durán, de Guzmán y del diputado del CD Juan Pablo Durán, hacia lo que Arena y PCN aprobaron en diciembre, eran síntomas de disenso.

Lo extraño fue que primero, Romero presentó la pieza e hizo énfasis en el consenso que había para presentarla. Luego de más de media hora, dijo que no había consenso por culpa del FMLN.

En ese momento, el destino de la propuesta de reforma no era claro, pues cabía la posibilidad de que si se votaba y no lograba los 43 votos, se fuera a archivo durante seis meses, como dicta el reglamento interior. En ese momento, dicen cuatro diputados pecenistas –que piden el anonimato para no tener problemas en la fracción-, una llamada llegó hasta el jefe de fracción del PCN, Roberto Angulo. “Luego él nos informó que había un nuevo cambio de planes y que se apoyara mandar de regreso a comisión la pieza. A Ciro (Zepeda) le molestó que el PDC quisiera hacerse el tipo con la propuesta y que se viera como que nos estábamos arrepintiendo. Demasiada crítica nos tiraron por la reforma de diciembre”, dice uno de los legisladores.

Terminado el pleito con Juan Pablo Durán, Romero pidió que la pieza se retirara y Ponce, que sólo había hecho una intervención al inicio del debate, se marchó en silencio. 

Waler Durán, del FMLN y Mauricio Rodríguez del PDC, que también vieron el fracaso, comenzaron a reclamar que “conocían de llamadas” recientes desde otros aparatos del Estado, entre la fracción de Arena y PCN, para no aprobar esta reforma. “¡Todavía hay consenso!”, suplicó Rodríguez.

Pero en el PCN ya había contraorden y las últimas pataletas de FMLN y PDC no iban a cambiar nada. La negociación había fracasado. “Que regrese a la comisión porque no se vale que en la reunión previa se haya hablado de consenso y aquí se esté diciendo otra cosa. Que regrese a la comisión para que se reestablezca el consenso”, pidió el diputado Almendáriz, desde su puesto en la junta directiva del parlamento.

Almendáriz alega que el cambio de rumbo de su partido no se debió a una orden que llegó vía telefónica, sino a que los contrincantes aprovecharon la sesión para criticar al PCN por la reforma de diciembre. “¡No es cierto! ¡No es cierto que nos hayan dado orden! Es que fue increíble cómo comenzaron a criticar al partido y a decir que no estaban del todo satisfechos. Entonces discutamos de nuevo para que todos estemos satisfechos”. Ni él ni Ponce saben responder cuando se les pregunta por qué de repente sí les importan el consenso con Arena, algo que despreciaron en su momento.

Romero niega que Arena haya presionado al PCN y sin que se le pregunte nada sobre las llamadas, dice: “Yo no le llamé a nadie del PCN. Usted ve el video de la plenaria y se da cuenta de que yo no salgo hablando con nadie del PCN para que se detenga el proyecto. Si me felicitó Mario Marroquín (el subjefe de fracción) fue por la buena intervención que tuve defendiendo la postura del partido”.

Aquel miércoles, a las 5:40 de la tarde, Rubén Orellana, el presidente del parlamento y diputado pecenista, sometió a votación la pieza y esta no logró los 43 votos para que regresara  a la comisión porque a él se le olvidó votar, según registró el contador electrónico de la Asamblea. Hubo un minuto de silencio. Orellana sometió entonces a votación la pieza para su aprobación, peso sólo hubo 38 votos (FMLN, CD y PDC).

Según la norma del parlamento, al no haber aprobación, la moción debía mandarse al archivo. Pero entonces el diputado pecenista Dagoberto Marroquín pidió la palabra y aún cuando Almendáriz y Romero decían que no había consenso, pidió que para “salvar ese consenso”, la pieza se regrese a la comisión.

A las 5:40 de la tarde, Orellana sometió de nuevo a votación que la pieza regresara  a la comisión. Y en ese momento sí se aprobó con 43 votos (Arena y PCN). 

47 segundos después, Orellana pidió la reincorporación de Mario Ponce al pleno. “Yo me levanté porque recibí unas visitas”, se justifica. “Y a esas personas que le dicen que no estábamos de acuerdo en la fracción, ¡yo les mando a decir que para hablar tienen que conocer a fondo lo que se estaba planteando!”, dice.

Romero, el artífice de que la pieza no fuera aprobada hace dos semanas, asegura que Arena no se opone a la reforma y que por eso se solicitó que regresara a la comisión para trabajarla mejor. “Veremos qué pasa esta semana”, dijo.

Romeo Auerbach, el asesor electoral de Ciro Cruz Zepeda, al consultarle si el máximo líder ordenó desde la octava planta detener el proyecto, suelta una carcajada. “Demasiado poder le dan a don Ciro. ¡No´mbre! Ja, ja, ja”.