El presidente de la República, Antonio Saca, se despoja de su carácter de servidor público y actúa con carácter privado, si asiste a una  actividad de recaudación de fondos de campaña. Eso concluyó el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), que se rehusó a procesar una demanda contra el mandatario, por supuestamente haber violado la ley al aprovechar una misión oficial a California, en abril pasado, para participar en una actividad de recaudación de fondos de campaña.

La resolución del TEG, fechada 12 de noviembre, declaró así inadmisible la denuncia del ciudadano Jaime López, quien acusaba al presidente de violar el artículo 218 de la Constitución, que prohíbe a los funcionarios prevalerse de su cargo para hacer política partidista. Además, le señalaba violaciones al Código Electoral.

Según López -quien es el coordinador del proyecto de transparencia de la ONG Fespad-, cuando el presidente aprovechó su visita oficial a Los Ángeles el pasado 5 de abril para atender un almuerzo en el que un empresario cubano estadounidense iba a recibir en su rancho al candidato presidencial Rodrigo Ávila, Saca estaba prevaliéndose de su cargo para obtener y procurar beneficios privados, aparte de que utilizó en forma indebida los bienes y patrimonio del Estado.

El TEG, sin embargo, estimó que los actos denunciados no fueron realizados por el gobernante cuando este estaba en ejercicio de sus funciones como presidente de la república.

Ese 5 de abril, Rodrigo Ávila aún no había sido ratificado ni como candidato presidencial ni como presidente de Arena, y por lo tanto era Saca aún el máximo dirigente del partido. Al mediodía, el anfitrión del almuerzo, Enrique Alejo, instó a socios y amigos a contribuir para la campaña arenera con sumas de entre 1 mil dólares y 10 mil dólares. El Faro obtuvo una copia de la invitación, en la que se incluía un mapa con la ubicación de la propiedad. “En esta ocasión nos reuniremos en mi rancho de Moorpark para colectar la máxima contribución que seamos capaces de ofrecerle al presidente Saca para ayudarlo en la más difícil campaña política que el país ha enfrentado desde que se unió a la comunidad de naciones democráticas”, rezaba la invitación.

En aquella ocasión, El Faro publicó una nota sobre la participación del mandatario en la actividad de recaudación de fondos de campaña. Según el mismo secretario de comunicaciones de la presidencia,  Julio Rank,  Saca partió el jueves 3 a Estados Unidos para realizar una gira oficial, en la que se reunió con el alcalde de San Francisco, Gavin Newsom, y con el alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa.  El sábado 5 de abril,  Ávila y Saca asistieron al almuerzo organizado por Alejo.

Noé Medrano, asistente del candidato Ávila, defendió la visita en declaraciones al diario Hoy, medio estadounidense que también habló con el empresario que organizó el almuerzo: “Nosotros lo vemos bien porque ahí se ve la transparencia de donde vienen los fondos de nuestra campaña, a diferencia del partido opositor, del FMLN, que los fondos los obtienen de otros países como Venezuela, mientras nosotros los recibimos de manos amigas”, dijo Medrano.

La demanda presenta como pruebas copias de las notas publicadas por tres medios de comunicación: las del periódico Hoy y las de la cadena Univisión, ambos de Estados Unidos, y las de El Faro. Entre la documentación presentada como prueba también estaba la publicación donde consta el permiso decretado por la Asamblea Legislativa para que el presidente pudiera viajar en misión oficial.

El TEG recibió el documento de la demanda en mayo, luego de pedirle al demandante que subsanara problemas de forma, pues no había puesto el año en que ocurrieron los hechos. El 12 de noviembre, a las 12:30 de la tarde, el tribunal decidió que es improcedente la denuncia presentada por el ciudadano Jaime López. Este explica que presentó la demanda como una manera de probar el funcionamiento del Tribunal de Ética, y que no piensa apelar, pues a su juicio el caso estaba suficientemente documentado como para recibir luz verde en el TEG.

El Tribunal determinó que era improcedente llevar un caso de tal tipo contra el presidente, “por no estar los hechos denunciados sujetos al ámbito de la aplicación de la Ley de Ética Gubernamental.” La presidenta del organismo, Lizette Kuri de Mendoza, dice que el tribunal “verificó y se dio cuenta que la imputación que se le hace (al presidente Saca) está relacionada con una actividad privada y estima que el presidente no se encontraba ejerciendo su función pública. Y por lo tanto no somos competentes para conocer.”

-¿Cómo dilucida o determina que no estaba sirviendo como funcionario público? ¿Porque ya eran más de las 4 de la tarde o porque era sábado?

-Ya le dije yo por qué. No estaba actuando en nombre del Estado o en servicio de este.

-Pero era un viaje oficial.

-Le quiero aclarar: la denuncia vino porque  dijeron que estaba en una actividad privada el 5 de abril, por tanto, no estaba en nombre del Estado ni al servicio del Estado. Por eso no entra a la Ley de Ética Gubernamental. No entra en la función pública.

En una analogía para ilustrar el caso, Kuri dijo que si ella va al supermercado a hacer las compras para el hogar, va en calidad de madre de familia o de ama de casa, no en carácter de funcionaria pública. Algo similar ocurrió con la actividad partidista del presidente de la República: el mandatario participa con investidura particular en esos actos.

La funcionaria, electa por la Asamblea Legislativa, defendió que la decisión estaba apegada a lo que la ley exige y negó dar detalles de cómo fue el debate entre los integrantes del tribunal creado en 2007.  Las otras cuatro personas de dicho tribunal son nombradas por diferentes instituciones, una designada por la Corte de Cuentas, otra por la Presidencia de la República, una tercera por la Corte Suprema de Justicia y una cuarta por el Ministerio Público.