Sus palabras aducen ignorancia, admitida como disculpa o utilizada con prepotencia. Pero no es ignorancia, difícilmente puede serlo. En realidad se trata de una actitud de encubrimiento, tan común en la conducta de quienes viven de la política y ambicionan el poder. Traigo dos ejemplos donde más que ignorancia, lo que se observa es un desprecio por la ley y las instituciones. Como votante, al ver esos comportamientos, caigo en la cuenta de lo decadente que es nuestra política, muy distinta a la que pintan los publicistas y la prensa condescendiente.

El primer ejemplo es el argumento que el diputado Rodolfo Parker utilizó al rechazar la petición para interpelar a la canciller Marisol Argueta de Barillas. Como ha sido de conocimiento público, la referida funcionaria hizo proselitismo y le faltó respetó a la soberanía, en contradicción con la Constitución. Ella ofreció un discurso pidiendo a Estados Unidos que no dejara perder a El Salvador en las próximas elecciones, ante un eventual gane del principal partido opositor.

Parker dijo que no se estaba “en la presencia de un delito” como para interpelar a la funcionaria. Es impensable que el líder del partido democratacristiano ignore que la interpelación es un acto de control que no guarda relación necesaria con “la presencia de un delito”. Es impensable porque se trata de un experimentado abogado y de un activo legislador.

La Constitución en su artículo 131, numeral 34, faculta a la Asamblea Legislativa, sin delimitar causales, a “interpelar a los Ministros o Encargados del Despacho y a los Presidentes de Instituciones Oficiales Autónomas”. El Reglamento Interior de la Asamblea, en su artículo 113, establece que “la interpelación tiene por objeto que la Asamblea reciba las explicaciones de los ministros o encargados de despacho, o de los presidentes de instituciones oficiales autónomas, respecto de sus actuaciones, su política, el programa o proyecto en determinada materia, o sobre una cuestión de interés público”.

La interpelación no es un juicio con consecuencias penales. Se trata de un control político, en el buen sentido de la palabra. La consecuencia de una interpelación, en caso de salir afectado el o la funcionaria, es que la Asamblea pueda recomendar su destitución. Dicha recomendación no tiene efectos vinculantes, salvo cuando se trata de jefes de seguridad pública o de inteligencia, ante graves violaciones a derechos humanos.

Como resultado, con un argumento que parece producto de la ignorancia, Parker y su fracción legislativa negaron los votos para que la Canciller fuera interpelada. Él y los diputados de su fracción terminaron encubriendo la conducta inaceptable en la que incurrió la señora Argueta de Barillas, sin importar el agravio provocado a la Constitución.

El segundo ejemplo proviene de una entrevista que el candidato presidencial por el PCN, Tomás Chévez, ofreció a un medio local. El entrevistador le preguntó si estaba de acuerdo en que el PCN siguiera controlando a la Corte de Cuentas. “Prefiero abstenerme de responder esa pregunta porque uno puede cometer errores, ya sea de buena apreciación o de mala apreciación”, le respondió el presidenciable. El periodista insistió recalcándole que no le había dicho nada sobre la Corte de Cuentas. “Para serle honesto, no, porque nunca he sido político”, le respondió Chévez para cortar el asunto.

Chévez justifica su supuesta ignorancia acerca del problema de la Corte de Cuentas en el hecho de que, según él, nunca ha sido político. Creo que para no saber nada de cómo el PCN ha controlado la Corte de Cuentas durante más de 25 años, el candidato tendría que haber vivido fuera de El Salvador todos estos años. Caso contrario, alguna posición, a favor o contra, debería tener.

De nuevo, tras la disculpa por ignorancia se encuentra un problema de encubrimiento. Sólo por mencionar algunos datos, de acuerdo a las memorias de labores de la Corte de Cuentas entre 2001 y 2007 los auditores reportaron irregularidades por 526.3 millones de dólares. De dicha suma, el ente fiscalizador emitió condenas en primera instancia por 85.7 millones de dólares, sin justificar por qué se desvanecieron irregularidades por 440.6 millones de dólares. Dicho de forma más sencilla, por cada dólar reportado como irregularidad por la Corte de Cuentas, los responsables reintegran a lo sumo 16 centavos.

Como votante, refuto con vigor la ignorancia aducida o mostrada por Parker y Chévez. Con sus palabras lo que esconden es complicidad, falta de respeto a las leyes, a las instituciones y en especial a nosotros, ciudadanas y ciudadanos. Parecen ignorantes, pero en realidad actúan como encubridores.