En una democracia eso de “gobierno ciudadano” es redundancia y contrasentido. La redundancia tiene que ver con la teoría: el ejercicio del poder no podría ser otra cosa que un gobierno de ciudadanos y ciudadanas.

Al decir que el próximo será el primer gobierno ciudadano de la historia, pareciera ser que el candidato presidencial Rodrigo Ávila, de forma implícita, negara que hubiese existido un ejercicio del poder de tal naturaleza.

Es como si estuviera reconociendo que en veinticinco años sin interrupción de orden constitucional y en dieciséis desde los Acuerdos de Paz, o en casi veinte del mismo partido en el poder, el gobierno hubiese sido una exclusión de ciudadanos. ¿Será eso lo que quiere decir?

Pero en sentido práctico, la expresión es una contradicción. Las y los ciudadanos que ejercen el poder son personas que tienen facultades y privilegios que las hacen distintas. Por eso, a ese grupo de personas que ejercen el poder les llamamos políticos, para distinguirlas de las y los ciudadanos comunes.

Inclusive, con frecuencia nos referimos a una clase política. Es decir, personas que toman decisiones de efecto significativo, disponen de los bienes públicos, gozan de inmunidad,  reciben un salario decenas de veces superior al mínimo, cuentan con vehículos y otras prebendas, y pueden viajar con pasaportes diplomáticos, solo por mencionar algunas facultades y privilegios.

Las y los ciudadanos comunes no cuentan más que con sus derechos: a la propiedad, a la libre expresión, a la salud, a la educación, al trabajo, al trato no discriminatorio, a ser protegido frente a amenazas, o a recibir una justa reparación cuando le trasgreden, entre otros.

En cambio un político, es decir alguien que aspira a ocupar o que desempeña un cargo de gobierno, ciertamente sigue siendo ciudadano, pero deja de ser un ciudadano común. Ahí radica la contradicción: el ejercicio del poder nunca ha sido ni será un gobierno de ciudadanos comunes, sino de ciudadanos privilegiados.

Por eso es que ni la fórmula Ávila-Zablah, ni la de Funes-Cerén, ni sus grupos de amigos, pueden representar un gobierno ciudadano en el sentido práctico de la expresión. Zablah y los amigos de Funes son en su mayoría, claro, en el grupo de líderes, personas que han gozado o han estado cerca del poder. No son ciudadanos comunes, porque son personas que han ejercido facultades públicas o bien, han gozado de privilegios que quieren recuperar o que no desean perder.

Eso del “gobierno ciudadano” es una viñeta que están utilizando los partidos en varios países, por la crisis de legitimidad que tienen, para denominar a sus alianzas con otros sectores de poder. La expresión, tal y como la utilizan, en el fondo es un engaño.

Se trata de una ilusión que los políticos crean para volver difusas las fronteras partidarias y ampliar sus posibilidades para captar fondos, movilizar votantes, ganar elecciones y asegurarse su estabilidad en el poder. Las y los ciudadanos comunes, quienes lo único con que contamos son nuestros derechos, no somos parte de esas alianzas, sólo somos votantes y contribuyentes.

Por eso es importante rechazar esa banalización del “gobierno ciudadano”. Tal y como es puesto en práctica, se trata de repartos de poder entre grupos que van más allá de los partidos políticos. Hay que comprender que solo hay una forma en que dicha expresión puede cobrar sentido, y es dándole mayor vigencia al ejercicio y protección de los derechos de las personas.

Un gobierno no será ciudadano porque Funes o Zablah alcancen el poder. El gobierno es ciudadano cuando, sin importar quien gobierne, se respetan equitativamente a las personas, se investigan las violaciones sin importar quienes sean los responsables y se adecua la estructura del Estado para mejorar la vigencia de los derechos. Pasar de la teoría, de esas palabras y canciones bonitas, a los hechos, profundizando la democracia y el estado de derecho. Ese es el verdadero gobierno ciudadano.